Cuando
en 1993 el gobierno nacional sancionó la ley 24.241 mediante la cual se ponía
en práctica el servicio de jubilaciones privadas, una gran parte de la población
creyó que podría volver aportar a un sistema de repartos sin sufrir las
arbitrariedades del Estado en el manejos de sus fondos.

Casi
diez años más tarde, la realidad volvió a confrontarse con sus esperanzas.
Hoy en día, esas Administradoras de Fondos Jubilación Pensión (AFJP), se
encuentran con el 70 por ciento de sus capitales en manos de un Estado quebrado,
que no sabe cuanto de la suma que le fue otorgada a préstamo podrá llegar a
devolver.

Para
peor, durante el último año, 800.000 clientes dejaron de pagar sus cuotas, lo
que representa una perdida de 900 millones de dólares para el sistema de
reparto privado.

Se
estima que en el corto plazo esto no afectará a sus beneficiados, ya que aún
con el bajo nivel de cobranzas que tienen en la actualidad, las fuentes
consultadas afirman que las AFJP estarían en condiciones de cubrir sus
obligaciones con su propia recaudación, al margen de los problemas que tienen
para cobrar los títulos públicos que están en su poder. El problema se
presenta en el largo plazo, donde no se sabe que cantidad del dinero prestado al
Estado podrán recuperar.

Un
poco de historia

Los
argumentos más sólidos que tenían aquellos partidarios de las jubilaciones
privadas, eran que, en primer lugar, el Estado no podría seguir utilizando el
dinero de sus “afiliados” para tapar sus agujeros fiscales, una práctica
recurrente que ponía en serio riesgo el futuro de los trabajadores.

Además,
los clientes tendrían un mayor control de su capital, puesto que en el sistema
de reparto público el dinero que aportan mensualmente se destina al pago de los
actuales jubilados, mientras que en el privado esos montos se ahorran para el
futuro.

En
principio, la cifra descontada del sueldo del afiliado fue del 11 por ciento.
Esto incluía un promedio del 3,5 por ciento sobre el salario, en concepto de
comisiones, gastos administrativos, y cuotas de los seguros de vida y retiro
(que en realidad habían sido creadas por las mismas AFJP, para no perder ese
negocio), para que si el afiliado perdía la vida o sufría una importante
discapacidad, su familia pudiera cobrar sus aportes en forma de pensión.

De
esta forma, las
AFJP se quedaban con una cifra equivalente al 30 por ciento de
los aportes. A fines del año pasado, el ministro de economía Domingo Cavallo
bajo el monto de descuento del 11 al 5 por ciento, pero las comisiones siguieron
siendo las mismas, por lo que en algunos casos llegaron a representar el 45 por
ciento de los aportes, lo que produjo que el monto destinado a la jubilación
del ahorrista se redujera aún más.

Y como señalábamos anteriormente, gran parte de ese dinero, (el 70 por
ciento), fue invertido en títulos públicos con un valor muy por debajo del
nominal, con lo que además de ser poco para la jubilación, está en un gran
peligro.

Futuro
inseguro

¿Por
qué las AFJP descuidaron tanto el dinero de sus clientes? Los expertos
consultados, esgrimen dos razones para entender esto: ineficiencia e
irresponsabilidad, tanto de las compañías como del Estado.

En
primer lugar, los gerentes de las AFJP estaban muy a gusto con el 12 por ciento
de interés anual que el Estado les pagaba por el capital cedido a préstamo.

Un
interés bastante por encima del promedio mundial, y en una institución que, en
definitiva, nunca quiebra. Pero tan cierto como eso, es que cada vez se hacía más
evidente que el Estado entraría en cesación de pagos, y que, por más que
necesitara un urgente financiamiento, las AFJP debían velar por la seguridad de
sus clientes.

Por
su parte, el gobierno continuó tomando prestamos sin control y de forma
irresponsable, dando “concesiones” para aquellas compañías que lo
financiaran, y aumentando su control con las que se negasen.

Otro
concepto, la misma situación

Y
como siempre, el único y verdadero perjudicado fue el ahorrista, ya que además
de todo esto, existe mucha incertidumbre por saber como se van a ajustar las
cuotas a la inflación, que desde el gobierno estiman en un 45 por ciento anual,
y desde los privados en un 100 por ciento.

Este
fracaso, fue una muestra más de la falsa disyuntiva de compañías estatales o
privatizadas: cuando el Estado es ineficiente y corrupto, ninguna compañía
privada puede prestar servicios con características distintas.