Luego de intensas
negociaciones, el Partido Popular, actualmente gobierno de España, y el grupo
parlamentario socialista del partido PSOE, llegaron a un acuerdo por primera
vez en siete años para reformar la Ley de Extranjería, dificultando la
regularización de inmigrantes, pero otorgando beneficios para quienes busquen
ingresar a España a trabajar.

Los cambios entrarán en
vigencia en enero próximo, y mediante ellos, se endurecerán fuertemente los
requisitos de regularización de inmigración y se intentará combatir más intensamente
la entrada irregular de extranjeros, especialmente sancionando a las líneas
aéreas que no den información sobre los clientes que llegan a España sin boleto
de vuelta, pues se sabe que la mayoría de los ilegales, ingresa a España con un
visado turístico, pero pasados los tres meses autorizados, se quedan de forma
ilegal.

Más fácil
buscar trabajo

Sin embargo, el PSOE presentó
24 enmiendas a esta nueva Ley, de las cuales el Gobierno ha aceptado 22. Entre
ellas, se destaca la nueva concesión de visados a extranjeros para que busquen
empleo en España durante un máximo de tres meses. Si lo logran, podrán
permanecer legalmente en el país, pero si no es así, deberán retornar a sus
países de origen.

A diferencia de lo que ocurría hasta
el momento, para obtener estos visados temporales no se necesitará permisos de
trabajo y residencia. Si bien estos beneficios generales son limitados a los
hijos y nietos de españoles, otros extranjeros también podrán inscribirse en
servicios oficiales de empleo para ciertos rubros, los cuales aún no fueron
especificados.

Asimismo, se crearán nuevas
excepciones para regularizar a familiares de aquellos inmigrantes que cuenten
con un permiso de residencia, se penalizará la contratación de inmigrantes
ilegales, y se harán reformas para simplificar los trámites de autorización de
permisos, mediante las cuales, por ejemplo, quienes consigan un permiso de
trabajo en su país de origen no necesitarán otro de residencia.

Incluso, el gobierno deberá
hacerse cargo de financiar los programas de retorno para los irregulares,
garantizando que los centros de internamiento de extranjeros brinden respeto de
quienes esperan la repatriación. Además, se creará un Observatorio del Racismo
y la Xenofobia.